Recientemente la clase política local ha avanzado en nuevas medidas para concretar la sumisión de la normativa local en materia de tránsito vehicular a las directivas de la clase política nacional que busca crear un orden normativo unitario y uniforme en todo el país.
Se trata de la entrega de la nueva Licencia Nacional de Conducir, que viene a reemplazar al tradicional Registro de Conductor que hasta ahora existía.
La modificación no es menor. A partir de ahora las Municipalidades pasan a ser simples oficinas sin poder de decisión real, equipadas con instrumentos provistos por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante los cuales se registra toda la información identificatoria y personal, incluyendo el estado de salud de la persona (tal vez la única intervención de peso en el proceso por parte de las autoridades locales, aunque también reglamentada). Esta información personal es cargada en línea a la base de datos del Ministerio del Interior (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito) -A.N.S.V.-, quien devuelve las infracciones, impedimentos y antecedentes del interesado, todo en el acto. Esto puede limitar o impedir la renovación u obtención de la Licencia en aquellos casos en que la cambiante reglamentación disponga en ese momento.-
No se ha previsto un procedimiento de revisión administrativa ni judicial específico para estas situaciones, lo cual en la práctica significa que el derecho de defensa de las personas queda severamente limitado. Por otra parte, al unificarse el régimen, no queda claro quien es la autoridad que en los hechos deniega el derecho a conducir, dado que las Municipalidades alegarán remitirse a los informes de la A.N.S.V. suscitandose así posibles cuestiones de competencia provincial o federal.-
Asimismo, se ha decidido adherirse al Código único de infracciones dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la A.N.S.V., estableciendo un único régimen de sanciones y penas (cuyos valores son fijados por el P.E.N. en entre 25 y 1500 litros de nafta super). Los tribunales administrativos de las municipalidades (mal llamados Juzgados) pasarán a resolver las denuncias (actas de infracciones) bajo una única mirada unificada y administrativa a lo largo del tiempo, cuya línea será bajada desde el poder central.-
Pero tal vez la reforma de mayor trascendencia es de orden claramente ideológico: Se ha reemplazado al "Registro" por una "Licencia", es decir, la ley ha quitado el derecho constitucional de circular (hoy es muy dificil hacerlo sin conducir algún vehiculo, sea a motor o a sangre), que es previo al Estado (como todas las garantías constitucionales), y se lo ha reemplazado por una autorización que sujeta esta actividad indispensable en el mundo moderno a la voluntad de funcionarios estatales.
Se licencia lo que es de uno y se autoriza su uso a otro. Es el mismo modelo que la propiedad intelectual en los programas informáticos: No se entrega la propiedad, sino que se autoriza (se licencia) el uso de una copia del programa.-
De esta forma, el Congreso Nacional decidió quitarnos a los argentinos la garantía del derecho a circular y conducir vehículos, transferirla al Estado y reemplazar ese derecho por una licencia de uso. Lo que antes se "registraba", el derecho a conducir, ahora se "licencia".-
De aceptar el Poder Judicial este cercenamiento constitucional, se derivarán importantes consecuencias: 1) Será posible quitarle a un ciudadano argentino el derecho a circular para siempre, con consecuencias universales, es decir tanto dentro del país como fuera de él.-
2) Será posible imponer condicionamientos o limitaciones de cualquier grado e intensidad al derecho de conducir en todo el mundo a un argentino, dado que no se puede reclamar lo que no es un derecho propio sino "licenciado". 3) La garantia constitucional de conducir un vehículo sin dañar a terceros, parte insoluble e integrante del derecho a la libertad ambulatoria, desaparece como garantía o derecho y se reemplaza por una autorización temporal que queda sujeta a la información -acertada o no- que se coloque en una base de datos.
Esto se une y es parte de otra serie de notables e importantes reformas de carácter ideológico que la clase política implementó a partir de 2009. La base de esta reforma es la idea totalitaria de que no
existen derechos propios en las personas, sino que su existencia concreta depende de la decisión de un funcionario estatal. Esto excede el marco de este breve artículo y lo iremos desarrollando en otra oportunidad.
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